DECLARACIÓN
POR LA
ARQUITECTURA
La Arquitectura está reconocida por nuestra
sociedad como una actividad especifica,
de interés público y cultural, con una lógica disciplinar y académica propia.
Ello es así por su importancia como patrimonio cultural, y por ser en la Arquitectura donde se
satisfacen las necesidades de las personas, que exigen un medio físico adecuado
para el desarrollo de su vida diaria, garantizando su habitabilidad y
seguridad.
La UNESCO y la Unión Europea, a
través de diferentes Directivas, han proclamado reiteradamente el interés
público y cultural de la Arquitectura,
al mismo tiempo que han precisado con detalle los conocimientos que deben
cualificar al arquitecto.
El
ejercicio profesional de la
Arquitectura en España ha integrado las competencias formativas técnicas, artísticas y
humanísticas necesarias para el desarrollo de proyectos y obras que permiten
conformar espacios confortables, sólidos y seguros, e incorporar valores
estéticos, medioambientales y urbanos; por lo que ha merecido el reconocimiento
internacional, y constituye una referencia universal de calidad y prestigio.
La Ley de Ordenación de la Edificación concretó,
en 1999, un marco normativo, avalado por
la sociedad española, a lo largo del último siglo, y consensuado en las últimas
décadas por todos los agentes intervinientes en el sector de la edificación,
que regula el ejercicio de la
Arquitectura en total correspondencia con el sistema estatal
de títulos universitarios.
El cambio
de este marco regulador propuesto en el borrador conocido del
Anteproyecto
de la Ley de
Servicios Profesionales, es contrario a lo ordenado por el Parlamento Europeo y
supone una dejación, por parte del Estado, en su obligación de garantizar los
derechos de los ciudadanos, sin que para ello exista demanda social alguna.
Por todo lo
expuesto, MANIFESTAMOS nuestra oposición a esta iniciativa que supondría una
merma de los derechos de los ciudadanos a la arquitectura ejercida en términos
de calidad, responsabilidad y utilidad social.
